La socióloga Yonaide Sánchez, coordinadora de Regiones de Transparencia Venezuela y del capítulo Lara de la Coalición contra la Corrupción, expresó su preocupación por la falta de transparencia que caracteriza a la justicia venezolana, la cual a su juicio se convirtió en una estructura arraigada y repetitiva.
Sus declaraciones se basan en los datos revelados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado el pasado martes 27 de junio, que evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para prevenir, castigar y detener la corrupción. Índice en el que Venezuela ocupó el último lugar con tan solo 1.46 puntos.
Según el informe, las naciones con mejores puntajes en el CCC fueron: Uruguay (6.99 sobre 10), Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86) y Bolivia (2.56).
Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito, de Radio Fe y Alegría Noticias, Sánchez manifestó su pesar y preocupación por los resultados obtenidos por Venezuela no solo en este, sino en diversos índices internacionalmente reconocidos.
La socióloga mencionó que en la Encuesta de Presupuesto Abierto del año pasado, Venezuela ocupó la última posición, mientras que en el Índice de Percepción de Corrupción mundial se ubicó en el puesto 167 entre 180 países.
Además, en el Índice de Estado de Derecho se posicionó en el puesto 140, mientras que en el Índice de Paz Global estuvo en el puesto 148 de 160. Estos resultados también se reflejan en el Índice de Libertad Económica y Humana, respectivamente.
“Es muy lamentable y muy preocupante que Venezuela esté mostrando estos resultados en todos los índices internacionalmente reconocidos”, condenó.
¿Qué aspectos evalúa este el Índice CCC?
La experta detalló que el Índice CCC evalúa capacidades en lo legal y en lo democrático, así como también a la sociedad civil y los medios de comunicación.
Explicó que la independencia del poder judicial, la existencia y eficacia de los mecanismos anticorrupción son aspectos cruciales en la capacidad legal.
En cuanto a la calidad de la democracia y las instituciones políticas, se destacan la legislación sobre el financiamiento de campañas electorales y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, en la capacidad de la sociedad civil y los medios de comunicación se valoran la educación, la relevancia de la prensa, el periodismo de investigación, las comunicaciones digitales y redes.
Según los resultados, Venezuela obtuvo 0.81 puntos en capacidades legales, 1.28 puntos en capacidades democráticas y el puntaje más alto fue en capacidades de la sociedad civil y los medios de comunicación con 4.57.
Papel de la sociedad
“Es importante que utilicemos siempre los mecanismos de denuncias que están disponibles, para que los ciudadanos también podamos denunciar la corrupción y sobre todo articularlos y construir redes de lucha, porque nadie puede solo y hacerlo solo es un riesgo”, sostuvo Sánchez.
La socióloga enfatizó que la puntuación obtenida en el índice refleja que no existe una capacidad real para combatir la corrupción en el país, lo cual se evidencia en los recientes casos de corrupción donde desaparecieron grandes sumas de dinero, como los 16.600 millones de dólares, equivalentes a casi dos presupuestos nacionales.
Para Sánchez, la responsabilidad del ciudadano es exigir información sobre estos actos de corrupción, cuestionar a las autoridades y recordarles su deber de informar a la población sobre el destino de recursos que podrían cubrir déficits graves y contribuir a resolver la compleja crisis humanitaria.
“Cuando una sociedad civil tiene vigor, conciencia, mecanismos de articulación y sabe construir las exigencias para sus demandas, puede desde esa legitimidad presionar cambios en la legalidad”, agregó.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.
