Seis colaboradores integrantes del comando de María Corina Machado superaron los 50 días refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
El pasado 20 de marzo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció órdenes de captura en su contra.
En la lista figuran: Magali Meda, jefa nacional de campaña; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones; Humberto Villalobos, coordinador electoral; y el asesor Fernando Martínez Mottola.
La situación es complicada para estas personas que buscan asilo político, quienes piden a los gobiernos de Argentina y de Venezuela trabajen juntos para resolver este problema y permitirles salir de la residencia diplomática.
En el mes de abril, la Cancillería argentina informó que estaba esperando que el Ejecutivo venezolano emitiera los correspondientes salvoconductos, que garanticen la seguridad a estos seis dirigentes para su traslado
Tanto Argentina como Venezuela son parte de la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en 1954, que establece que “el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto”.
Asimismo, en su artículo V la Convención establece el Estado debe garantizar el traslado de los asilados “no peligre su vida, su libertad o su integridad personal”.
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