Según reportó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), miles de privados de libertad comenzaron una huelga de hambre para exigir el respeto a sus derechos humanos y visibilizar las condiciones inhumanas que se viven en las cárceles del país, incluyendo hacinamiento crítico, falta de alimentación adecuada y demoras procesales.
El OVP informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que la huelga es pacífica y que participan reclusos de, al menos, 16 centros penitenciarios del país, 4 anexos femeninos y más de 10 calabozos policiales.
Con pancartas y entonando el himno nacional, los detenidos están protestando con el propósito de conseguir el otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y una mejora en las condiciones de vida dentro de las prisiones.
En el Inof, las mujeres alzaron su voz
Las mujeres del Instituto Nacional de Orientación Femenino (Inof) también se unieron a la protesta para reclamar por la demora en sus procesos judiciales y la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.
Gobierno responde
El Ministerio para el Servicio Penitenciario, encabezado por la ministra Celsa Bautista, respondió a través de redes sociales a las denuncias del OVP, mostrando imágenes de atención médica y capacitaciones a los reclusos, haciendo ver su cumplimiento con las “garantías de los derechos humanos”.
A esto, el OVP respondió lamentando que la ministra “no acepte la realidad” de las cárceles venezolanas y contrainformó con evidencias sus declaraciones.
Privados de libertad escribieron una carta con peticiones
De acuerdo con medios internacionales que conversaron con el OVP, en una carta dirigida al OVP, un grupo de reclusos pidió la intervención de diputados, jueces, el Ministerio Público y la defensa pública para hacer efectiva la “revolución judicial” prometida por el presidente Nicolás Maduro en 2021, la cual buscaba solucionar el hacinamiento y las demoras procesales en 60 días.
Además, exigieron la “libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal” y para “toda persona mayor de 70 años” o con condiciones de salud graves.
Humberto Prado, director del OVP, comentó a EFE que los privados de libertad enfrentan problemas graves de “retardo procesal, garantías judiciales, hacinamiento, salud, corrupción, alimentación y tráfico de armas y drogas”.
La ONG ha documentado estos casos y ha enviado comunicaciones a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 describió la situación en las cárceles venezolanas como “una de las más graves de la región”, destacando el hacinamiento extremo y la falta de cifras oficiales actualizadas. Según la CIDH, el hacinamiento en algunas cárceles supera el 200 %, lo cual constituye “una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal”.
11 años con problemas
Prado, en una reciente entrevisata con Radio Fe y Alegría Noticias, cuestionó que durante 25 años con la actual Constitución y 11 años con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se ha resuelto el problema del retardo procesal, del hacinamiento, de la salud, la alimentación, la corrupción, ni el tráfico de armas y drogas.
Con información de EFE y la Voz de América.
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