Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, afirmó que las denuncias por la falta de transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio desencadenó movilizaciones sociales ciudadanas las cuales, de acuerdo a la documentación de ONG venezolanas, han sido reprimidas con el “uso excesivo de la fuerza”.
Esto, según Romero, ha resultado en una nueva ola de “detenciones arbitrarias”, “restricciones a la libertad de expresión” y “afectaciones a la integridad personal”.
En ese sentido, aseguró que “el Estado venezolano y las autoridades que están ocupando en este momento cargos públicos tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos” de quienes se movilizan en las calles.
“Que las personas en Venezuela puedan vivir con dignidad y hacer ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos sin que esto implique algún tipo de represalia o vulneración a los mismos”, remarcó Romero en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias
De acuerdo a Romero, estas prácticas no son nuevas, ya que vienen ocurriendo de forma reiterada y sistemática desde hace varios años, consolidando una política de Estado que vulnera derechos humanos y constitucionales debido a un quiebre institucional y a la falta de independencia de los poderes públicos (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Legislativo).
En contraparte, las autoridades venezolanas han denunciado detenciones de personas que han estado promoviendo un presunto golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. El pasado 31 de julio, Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que habían sido detenidos más de 1.060 personas.
“Tenemos 1.062 detenidos. Si alguno de ellos por la investigación previa pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y juicio justo, serán liberados. Pero a los que se les determine la responsabilidad, quedarán privados de libertad por muchos años”, dijo Saab.
También habló de un grupo de funciones de seguridad del Estado que habían sido heridos e incluso reportó un asesinato.
“Es sorprendente el apagón informativo de lo que ha ocurrido con los funcionarios policiales que han actuado acá. Tenemos 77 funcionarios heridos y un asesinado. Ayer yo hablé de un poco más de 10 de funcionarios heridos y hoy subió a 77”.
Asimismo, el 1 de agosto el fiscal afirmó que la mayoría de los detenidos en movilizaciones sociales no habían ejercido su derecho al voto en las presidenciales y mencionó el caso de Freddy Superlano, dirigente político de Voluntad Popular, quien según él está bien de salud y “cooperando” con información.
Por otra parte, Maduro publicó un video el 31 de julio en el que se ve hablando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas. Uno de ellos le dijo al primer mandatario que agarraron a dos personas “que venían con pistolas” y que les habían pagado 50 dólares.
Maduro le respondió que no las soltara y que tenían “más de mil doscientos criminales capturados” quien, según él, fueron entrenados en Texas, en Colombia, en Perú y Chile.
Preocupación por el uso del sistema de justicia
Diversas oenegés se mantienen documentando la compleja situación postelectoral. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró más de 564 protestas en todo el territorio nacional entre el 29 y 30 de julio. Monitor de Víctimas reportó 19 fallecidos entre la noche del 28 de julio y el 1 de agosto.
Por su parte, Foro Penal contabilizó 711 detenciones, incluyendo 74 adolescentes, y la Encuesta Nacional de Hospitales reportó 93 heridos, de los cuales 4 eran menores de edad.
Romero expresó su preocupación porque nuevamente, según ella, se hace uso del sistema de justicia no para garantizar derechos, sino para validar los lineamientos de otros poderes, particularmente el Ejecutivo.
Llamado a la comunidad internacional
La entrevistada hizo un llamado a la comunidad internacional para que permanezca atenta a la crisis, haga las exigencias necesarias para garantizar la transparencia en los resultados electorales y el respeto a la voluntad popular.
Asimismo, para que cese de la política represiva del gobierno, se investiguen las violaciones de derechos humanos y los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Destacó que organismos internacionales como la Misión Internacional de Determinación de Hechos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio secretario general de la ONU, han exigido reiteradamente el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
“Estos organismos van a seguir haciendo su trabajo de monitoreo y documentación, al igual que lo están haciendo las organizaciones derechos humanos en Venezuela, para poder alcanzar la verdad y la transparencia frente a todo lo que ha ocurrido, pero también alcanzar la justicia y la reparación”, puntualizó.
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