Los abogados defensores de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), en Guárico, denunciaron la prohibición a la defensa privada a los detenidos durante las movilizaciones ocurridas en el estado tras el anuncio de los resultados electorales del pasado 28 de julio.
Neulys Álvarez, abogada y defensora de Fundehullan, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que están preocupados por la situación de los detenidos, los cuales están incomunicados en el Comando de Zona 343 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y no se le están garantizados su derecho a la defensa.
“Estamos preocupados con la situación que se está viviendo con los detenidos, en razón a las manifestaciones pacificas que se han suscitado en los últimos días en el estado. Hemos registrado cuatro adolescentes y 17 adultos, de los cuales cinco provienen de Valle de la Pascua y 12 personas de San Juan de los Morros”, detalló.
Manifestó que los familiares de los 17 detenidos están confiando su defensa a la fundación, pero no los dejan.
“Tenemos entendido que los que acuden a las audiencias son la defensa pública. Qué bien que exista la defensa pública, pero esta defensa pública debe ser solicitada por el detenido o por las familiares de este, y eso no está sucediendo”, remarcó.
Sobre los cuatro adolescentes
Álvarez lamentó la forma cómo, según ella, le están violando los derechos a los cuatro adolescentes detenidos.
“Están siendo presentados sin la presencia igualmente de su abogado de confianza y sin su representante legal. Todas las situaciones están siendo la misma. Tenemos entendido que las audiencias se están haciendo a través de telemática desde Caracas”, detalló.
La defensora señaló que hasta ahora desconocen los delitos que se le están imputados, porque la poca información que manejan llega a través de los familiares.
“Estamos solicitando a las autoridades simplemente que, dentro del marco constitucional y entre las leyes, se respeten y se garanticen sus derechos fundamentales”.
Por su parte, Luis Lezama, otro de los defensores de los 17 detenidos, subrayó que este jueves fueron a la Corte de Apelaciones del estado Guárico, donde introdujeron una solicitud para que les permitieran ejercer un recurso de amparo constitucional por la violación del derecho a la defensa, “específicamente en el artículo 49, numeral 1, que señala que toda persona tiene derecho a ser atendido y asistido por su abogado desde los actos iniciales”.
Aseguró que a los detenidos los mantienen incomunicados y no se le ha permitido conocer cómo se encuentran. “Las personas son introducidas en esos lugares y pasan dos y tres días sin ningún tipo de comunicación, negada tanto a los familiares, como a la defensa. Esto viola, en específico, el artículo 127 y 139 del Código Orgánico Procesal Penal”.
Lezama comentó que las circunstancias en la que están siendo tratando a los detenidos genera una total duda sobre la defensa pública que presuntamente están recibiendo.
Argumentó que el defensor público es impuesto por una maquinaria judicial. “No puede, por muy tribunal que sea de delitos contra terrorismo, violentar las normas que son de orden público, que son garantía y que deben respetarse de acuerdo a lo que contempla el artículo 2 de la Constitución, en un Estado de derecho social y de justicia”.
Los abogados defensores se mantienen pendientes del traslado de los detenidos, de su condición de salud y de que el tribunal acepte su apelación a la escogencia de un defensor privado, para que ellos puedan seguir apoyándolos durante este proceso.
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