Los familiares de Mervin Yamarte, un zuliano que emigró a Estados Unidos en el año 2023, cruzando la peligrosa Selva del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, se sorprendieron al ver su foto cuando era trasladado junto con otros 249 de sus compatriotas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
A Yamarte se le vincula con la afamada banda delincuencial el Tren de Aragua pero sus parientes aseguran que es un muchacho de bien y que se vio obligado a emigrar para darle una mejor calidad de vida a su mamá y a su hija de 6 años. Fue detenido hace dos semanas en Dallas, Texas. Su primo afirmó que Mervin se entregó voluntariamente porque le habrían dicho que sería devuelto a Venezuela.
Pero el gobierno de Donald Trump invocó para su deportación la llamada ley de enemigos extranjeros que data de 1798. En contacto con algunos medios venezolanos este lunes 17 de marzo varios familiares le hicieron un llamado al mandatario salvadoreño Nayib Bukele para que rectifique esta medida de recibir a estos deportados ya que como el joven muchos de los que fueron encerrados en esos recintos de máxima seguridad son inocentes.
El mandatario salvadoreño informó que los recluidos estarán en prisión al menos un año, con probabilidad de que se renueva su privación de libertad.
Los deportados fueron alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, abierto en el año 2023 como parte de un plan severo de seguridad implementado por el gobierno, que lo vendió como la cárcel más grande del continente americano, con una capacidad de más de 30 mil personas.
Según las autoridades penitenciarias de El Salvador, el Cecot es un espacio exclusivo para los perfilados como altos rangos de la Mara Salvatrucha (o MS-13) y las dos facciones del Barrio 18, pandillas rivales que fueron aumentando su poder durante décadas con el reclutamiento de jóvenes y el control de territorios, y sembraron terror, división y muerte en la nación centroamericana.
Ahora, el presidente de Estados Unidos lo utiliza, por ofrecimiento de Bukele, como sitio de reclusión para supuestos delincuentes de alta peligrosidad, no estadounidenses, en calidad de expulsados.
Provea y gobierno denuncian criminalización
ONG venezolanas, como es el caso de Provea, denunciaron que este trato tanto con la deportación como la reclusión en estas condiciones y en un tercer país son violatorias de sus derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Exigen al gobierno estadounidense detener cuanto antes estas expulsiones y descalificaciones de todos los deportados.
Por su parte, la cancillería venezolana emitió una nota de protesta este domingo 16 de marzo, en la cual denuncia que el gobierno estadounidense criminaliza a los migrantes venezolanos.
El gobierno nacional expresó su rechazó a esta deportación masiva y repudió la invocación de la “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”, un acto que, a su juicio, “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”, y denunció de forma “enérgica” que sus connacionales en EEUU están bajo persecución.
También, este lunes 17 el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció que pedirá en sesión del parlamento un exhorto al ejecutivo nacional para que los venezolanos no viajen al país del norte ya que estarían en alto riesgo de ser detenidos y totalmente desprotegidos.
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