El jueves 4 de julio dará comienzo oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio. Según el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña durará 21 días.
Sin embargo, esta contienda no estará regulada por un marco legal específico, lo que podría permitir prácticas de “ventajismo”, según considera la organización Acceso a la Justicia.
¿Por qué la organización habla de ventajismo? La realidad es que para ellos hay una serie de hechos que dejan saber que para las venideras elecciones no se van a cumplir con los estándares correspondientes.
“El cuadro antes descrito pone en evidencia que las posibilidades de que las elecciones del próximo 28 de julio cumplan con los estándares internacionales de transparencia, equilibrio e igualdad, en el sentido estricto de la palabra, son escasas”, manifestó Acceso a la Justicia en una nota de prensa publicada el lunes 1° de julio.
Los hechos del porqué se habla de ventajismo
Acceso a la Justicia considera que en procesos anteriores ha habido “ventajismo” y que esta vez se asoma la misma posibilidad, puesto que, aunque la ausencia de una ley que establezca claramente las reglas de juego ha pretendido ser subsanada mediante normativas como el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la práctica “las disposiciones del reglamento han demostrado ser insuficientes”.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), que estuvo presente en las elecciones regionales y municipales de 2021, denunció en su momento que los candidatos del partido gobernante “se beneficiaron de una amplia red de activistas y del extendido uso de los recursos del Estado, incluido el transporte público y la distribución de bienes y servicios”.
Del mismo modo, el Centro Carter también criticó el uso de recursos estatales en campañas, señalando en su informe de las elecciones presidenciales de 2012 que el uso de recursos del Estado es “quizás la ventaja más grande de la que gozan los candidatos en el ejercicio del poder”.
Por otro lado, Acceso a la Justicia sustenta que actualmente, la normativa es “vaga” y que de las pocas disposiciones que castigan el ventajismo electoral se encuentra en la Ley contra la Corrupción, que establece penas de prisión de uno a tres años para los funcionarios que utilicen su cargo para favorecer a un candidato.
“La normativa vigente es muy vaga en cuanto al uso de los recursos públicos para financiar campañas electorales y apenas establece sanciones. Una de las pocas normas que castiga el ventajismo electoral ni siquiera está prevista en la legislación comicial, sino en la Ley contra la Corrupción”.
Además señalan que aunado a la falta de regulación de las campañas oficiales, las precampañas tampoco están normadas, lo que permite a los candidatos promocionarse antes del inicio oficial de la campaña.
Cuestionamiento al CNE
Para Acceso a la Justicia, la actuación del CNE es cuestionable desde hace tiempo. Para sostener su argumento, la organización enumeró algunas de las razones, las cuales son:
De acuerdo con la misión de la Unión Europea, en las elecciones presidenciales de 2006 el CNE no tomó medidas sancionadoras contra el uso excesivo de propaganda institucional por parte del oficialismo.
Esta tendencia continuó en las elecciones de 2021, pues el CNE tampoco sancionó las violaciones del reglamento de campaña ni el uso de recursos del Estado en favor de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela.
También Acceso a la Justicia menciona que varios presidentes del organismo electoral han ocupado altos cargos en el gabinete del Gobierno, como Jorge Rodríguez y la fallecida Tibisay Lucena, que demuestran la “ alineación del árbitro electoral con los Gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro”.
“No se puede olvidar que el organismo ha estado controlado durante los últimos cinco lustros por el oficialismo. Una prueba de esto es que algunos de los presidentes del máximo organismo del Poder Electoral han terminado ocupando altos cargos en el Ejecutivo. Son los casos de Jorge Rodríguez, quien tras abandonar el CNE llegó a ser vicepresidente y luego ministro de Comunicación, o de la fallecida Tibisay Lucena, que luego fue ministra de Educación Superior. También ocurre lo contrario, como con Pedro Calzadilla, quien tras ser ministro de Cultura estuvo al frente del ente electoral”, se lee en la nota.
Finalmente, en conclusión de lo expuesto por Acceso a la Justicia, sin un marco legal claro y autoridades firmes, la transparencia y equidad de las presidenciales quedan en riesgo.
No obstante, la observación internacional, aunque limitada por la ausencia de la UE, será fundamental para garantizar un proceso lo más justo posible.
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