A un año del estado de excepción en Honduras las dudas continúan sobre su efectividad, mientras las cifras de las secretaría de Seguridad refiere que la tasa de homicidios ha descendido.
Pero diversos sectores sociales del país dudan de la efectividad de este mecanismo en delitos como la extorsión y los femicidios, según un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.
La entrada en vigencia de este mecanismo trajo consigo la aprobación del decreto PCM-2022 con lo cual se suspendieron las garantías constitucionales.
Suspendido derechos civiles básicos
La suspensión de las garantías constitucionales eliminó de golpe los derechos consagrados en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de Honduras.
Mediante decreto se suprimió la libertad personal, de asociación y reunión, libertad de tránsito, prohibición de arresto o detención sin orden judicial.
La medida también suprimió la inviolabilidad de domicilio y la prohibición de ser trasladado a una cárcel en caso de ser objeto de una caución.
La medida se aplica en 89 barrios y colonias del Distrito Central, y en 73 barrios de San Pedro de Sula. En un año se ha ampliado en ocho ocasiones y ahora se aplica en 150 municipios de Honduras.
Los hondureños no se sienten más seguros
A juicio de la experta en seguridad, Mirna Flores, la población no se siente segura a un año de la aplicación del estado de excepción.
“Según las declaraciones de la policía, usted siempre encuentra un resultado optimista. Dicen que han bajado los homicidios y que se están atacando los delitos (…) Hemos pasado todo un año con el estado de excepción y la gente no percibe la seguridad”.
De acuerdo con los datos estadísticos publicados por la policía en el Sistema Estadístico de la Policía (Sepol), hasta el 3 de diciembre de 2023, se han registrado en Honduras 2.840 homicidios. Este dato indica que han ocurrido 590 homicidios menos que en el año 2022.
El dato estadístico representa un 29,17 homicidios por cada 100 mil habitantes: 6,59 % menos que en el 2022.
Desde el 5 de diciembre de 2022
El estado de excepción inició en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula. Las zonas son consideradas las principales ciudades del país y en las que se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas. Las organizaciones criminales de mayor incidencia son los grupos denominados Mara Salvatrucha MS-13 y barrio 18.
El decreto de excepción entró en vigencia de forma inmediata: en principio era hasta el regía hasta el 6 de enero de 2023, pero la medida ha sido prolongada en varias ocasiones.
El decreto incluyó en sus argumentos “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
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