La especialista en derecho laboral, Janet Cedeño, explicó lo que establece el artículo 91 de la Constitución acerca del sueldo mínimo en Venezuela que estipula que el monto debe ser suficiente para permitir una vida digna a los trabajadores del sector público y privado y sus familias.
“(…) Un sueldo mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento”, se lee en la carta magna.
A partir de este planteamiento, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) desde el artículo 104 se detalla el concepto del sueldo, según mencionó la abogada en el programa En Confluencia de Radio Fe y Alegría Noticias.
“Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional (…)” es parte del texto del art. 104 de la LOTTT.
Los bonos sin aumento del sueldo mínimo no tienen incidencia en prestaciones
Sin embargo, el Estado implemento una medida mediante el decreto del ingreso mínimo integral con el bono Contra la Guerra Económica -anclado en 90 dólares- y el bono de alimentación -anclado en 40 dólares- que ha sido una forma de otorgar ciertos beneficios económicos, pero sin tener incidencias en las prestaciones o pasivos laborales, indicador que lo diferencia del salario mínimo.
Este decreto (ingreso mínimo integral) fue creado por la administración de Nicolás Maduro en 2023, compuesto de las bonificaciones que representan actualmente un total de 130 dólares, lo que causa inconformidades en los trabajadores públicos, pensionados y jubilados de diferentes gremios según denuncias.
El Ejecutivo Nacional “debería encargarse de que exista pronunciamiento sobre el sueldo mínimo para el sector público y privado”, según la abogada. “De hecho, así lo establece la propia Constitución y la LOTTT”, agregó.
Gremio educativo en Guayana exige la reivindicación de salarios
En la LOTTT se indica que el salario debe ser proporcional a las necesidades de los empleados, tal como lo expresa el artículo 111:
“El salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales morales e intelectuales del trabajador o trabajadora y de su familia. Se aumentará en correspondencia a la justa distribución de la riqueza. Los aumentos y ajustes que se hagan serán preferentemente objeto de acuerdos. El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que estime necesarias, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica”.
Pese a lo postulado por la Ley, el sueldo mínimo continúa estancado desde marzo de 2022 en 130 bolívares o 2 dólares mensuales. Este monto es insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria, calculada en 498,67 dólares según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
“El bono de guerra no es salario, el bono de alimentación no es salario. El gobierno creó un artificio, que no está templado en la Ley del Trabajo y la Constitución. Nosotros estamos pidiendo un salario mínimo de 500 dólares”, declaró el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. (Apuneg), Raúl Brito, en el marco de las protestas convocadas por el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) este 19 de marzo.
Brito mencionó que una de sus peticiones es tener un presupuesto digno para la universidad que pueda cubrir gastos de funcionamiento, comedor, transporte y beca para los estudiantes.
“Nosotros queremos que la universidad se normalice, queremos una universidad libre, plural, democrática, donde los trabajadores universitarios podamos desarrollar la educación universitaria”, dijo el vocero de los docentes.
Otra de las exigencias, es la liberación del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), cuyas pólizas mantienen a los trabajadores en un estado de precariedad e intensifica la crisis que aqueja a los trabajadores universitarios.
“Tenemos nuestro Instituto de Previsión Social paralizado”, agregó.
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