En el marco del Día del Trabajador Universitario, el pasado 19 de marzo docentes en Caracas y varios estados del país se movilizaron para exigir mejores salarios que les permitan recuperar su poder adquisitivo, condiciones laborales dignas y la discusión del contrato colectivo.
En Caracas, la concentración con destino al Ministerio de Educación Universitaria no pudo salir de la Universidad Central de Venezuela (UCV) debido a la presencia policial.
No obstante, el viceministro de Educación Universitaria, Ryan Rojas, recibió el documento en el que exigen mejores salarios, becas “dignas” para los estudiantes y respeto a la autonomía universitaria.
Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (APUCV), rechazó la política de bonificación salarial y propuso que el “bono de la guerra económica”, de 90 dólares, sea incorporado como parte del salario, según reseñó EFE.
Lara
En Barquisimeto se llevaron a cabo tres concentraciones: una en el rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), otra en la plaza Altagracia, en el centro de la ciudad, y una tercera frente a la Defensoría del Pueblo.
Los manifestantes recordaron que el salario es la remuneración que un trabajador recibe por sus labores y debe garantizarle la satisfacción de sus necesidades básicas y una mejor calidad de vida.
Sin embargo, denunciaron que su ingreso oficial es de apenas 2 dólares mensuales, mientras que la canasta básica alcanzó los 476,82 dólares en enero de este año, según datos de Cendas-FVM.
Asimismo, el lunes 17 de marzo el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara se reunió en la sede de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), en Barquisimeto, desde donde expresaron que los salarios no se ajustan a la constante inflación del país ni corresponden a los honorarios profesionales.
Advirtieron que, independientemente de la profesión, todos perciben prácticamente el mismo ingreso, gran parte del cual proviene del bono de guerra económica.
Guayana
La jornada de protesta reunió a docentes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo).
“Estamos subsidiando la educación pública. Esto está funcionado a costa del hambre de los profesores y personal universitario”, reclamó Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG.
Los manifestantes destacaron que, desde hace 25 años, han sido testigos del deterioro progresivo de los salarios, primas y beneficios contractuales.
Condenaron que actualmente el 90 % de los ingresos provenga de bonificaciones, las cuales no inciden en la seguridad social de los docentes y demandaron un salario acorde a la canasta básica.
Mérida
En Mérida, César Pérez, trabajador de la Universidad de Los Andes (ULA), exigió al Ejecutivo nacional el cumplimiento de las reivindicaciones sociales, mencionando que, entre otras deficiencias, no cuentan con servicio de HCM (hospitalización, cirugía y maternidad).
Por su parte, la docente Yuradis Aranguren hizo un llamado a los trabajadores universitarios y del sector público a continuar la lucha por salarios dignos y justos. Asimismo, instó a sumarse a todas las actividades convocadas en defensa de la universidad y para garantizar que siga funcionando con sus puertas abiertas.
Guárico
Desde San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, gremios y movimientos educativos recordaron que han pasado tres años y medio desde la entrada en vigencia de la circular 20-07, que establece los derechos de los trabajadores en las contrataciones colectivas.
Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores de la entidad, habló de la paralización de los sueldos y la jubilación forzada de numerosos trabajadores activos y jubilados del Ministerio de Educación en el estado.
De La Rosa resaltó que el año pasado 3.500 trabajadores fueron afectados por esta situación, de los cuales un grupo logró reintegrarse a sus puestos de trabajo, pero este año otro grupo se ve nuevamente afectado por la misma política.
Por su parte, Yesenia Álvarez, representante de los trabajadores en lucha en el estado Guárico, exigió la liberación de los sindicalistas detenidos, quienes permanecen privados de libertad sin defensa en los centros de reclusión del país.
Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi), señaló que continúa la suspensión de salarios a maestros activos en varios estados del país.
“En regiones como Miranda, Barinas, Carabobo, Lara, Monagas y Distrito Capital, los docentes son excluidos de las nóminas sin explicación alguna”, aseveró.
Sánchez explicó que, cada vez que se aproxima un pago adicional a la mensualidad, las autoridades afectan de manera indirecta a los trabajadores del sector educativo al no depositarles sus beneficios económicos.
Contrato colectivo congelado
El último acuerdo de contratación colectiva para el sector público en Venezuela se firmó en 2015, con vigencia hasta 2017. Sin embargo, en 2018 quedó congelado con la implementación del Memorándum 2792.
Actualmente, los profesores perciben entre cinco y ocho dólares mensuales al cambio en bolívares, además de bonificaciones como el bono de guerra económica y el bono de alimentación. Esto en un contexto de más de tres años sin aumento salarial, el período más largo sin ajustes para los trabajadores venezolanos desde 1997.
Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, explicó que un aumento significativo del salario mínimo no puede implementarse de manera abrupta, ya que podría desestabilizar la economía.
En su opinión, el ajuste debe hacerse de forma progresiva y sostenida para que tenga un impacto real en las prestaciones a largo plazo.
Sueldos mínimos de 1,95 dólares al mes
En Venezuela, la población económicamente activa es de 14 millones de personas, de las cuales 9 millones trabajan en el sector privado y 3,1 millones en el sector público. Además, los 4,6 millones de pensionados del país también dependen del sector público, lo que eleva la cifra total a 7,5 millones de beneficiarios.
Dentro de los 9 millones de trabajadores del sector público se incluyen cuentapropistas y trabajadores independientes, por lo que la cifra real de empleados estatales se ubica entre 3 y 3,5 millones.
En el sector privado, los salarios oscilan entre 50 y 200 dólares, según lo reportado por los empleadores al Ministerio del Trabajo, y actualmente se discuten mejoras en las contrataciones colectivas.
En contraste, en el sector público, el salario base se mantiene en apenas 1,95 dólares, sin perspectivas de aumento más allá de las bonificaciones indexadas.
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