En la página del Ministerio Público se pudo conocer la información de la detención del fiscal 16° Asdrúbal Javier Hernández Febres en Guárico por los delitos de retraso u omisión de funciones agravada, omisión dolorosa de recursos legales, simulación de hechos punible y agavillamiento.
El fiscal general de la Republica, Tarek William Saab, a través de sus redes sociales detalló que Hernández será imputado ante algunas irregularidades detectadas que incluyen la simulación de un hecho punible y la colaboración directa con funcionarios involucrados en una causa judicial contra un ciudadano.
De acuerdo a la información que ofreció Saab, la Fiscalía 5° Nacional Plena será la encargada de llevar a cabo el proceso legal contra Hernández.
Caso de abuso de autoridad y simulación de hecho punible en Guárico
Cabe recordar que con Hernández también están implicados cinco sargentos adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) quienes ya están detenidos y serán imputados por trato cruel, privación ilegítima de libertad por funcionarios públicos con abuso de autoridad, simulación de hecho punible, agavillamiento y trato inhumano.
Los señalados, valiéndose de falsas pruebas, detuvieron a Gabriel Ramírez según denunció en ese momento el abogado Fidel Tupano, quien lleva el caso.
El hecho se llevó a cabo el 14 de febrero de 2024. Tras su detención, trasladaron a Ramírez al centro de reclusión que tiene este organismo militar en la antigua sede de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV). Allí lo entrevistó la Defensoría del Pueblo a la que denunció que los funcionarios le estaban impidiendo consignar una queja contra el fiscal Asdrúbal Hernández.
La orden de aprehensión contra los funcionarios del Conas se libró los primeros días del mes de marzo pasado por parte del Tribunal Quinto de Control de Guárico, extensión San Juan de los Morros.
Según el detenido, el fiscal Hernández no podía llevar de manera objetiva la investigación porque tenía lazos familiares con el jefe del Conas en la capital del estado Guárico, por lo que la Defensoría del Pueblo se pronunció a su favor emitiendo un informe sobre los derechos que tenía de recusar al fiscal.
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