La Plataforma Indígena Regional frente a la COVID-19 y el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe, FILAC, han alertado sobre la debilidad estructural de los sistemas estadísticos oficiales para producir datos desagregados de las comunidades indígenas afectadas por la pandemia.
Según estas dos organizaciones, esta debilidad contribuye a perpetuar la exclusión social de los pueblos indígenas de los países de América Latina.
En un reciente informe presentado a mediados de la semana pasada la Plataforma Indígena Regional y el FILAC también advierten sobre otras carencias que afectan directamente la capacidad de los Estados para el diseño y la implementación de políticas públicas destinadas a atender los efectos que tiene la COVID-19 sobre sus poblaciones altamente vulnerables, debido a las desventajas asociadas al acceso a servicios básicos, a espacios de salud y al ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
Esta situación la describen como la “ruralización de la pandemia” ya que el virus avanza hacia zonas rurales y comunidades indígenas.
El Secretario Técnico del FILAC, Álvaro Pop, aseveró que “es necesario que los Estados superen las carencias de información, ya no solo desagregándola, sino haciendo análisis específicos de los principales problemas que enfrentan los Pueblos Indígenas ante la pandemia».
Así mismo, sugería que los planes que se ejecutan deben atender las emergencias y también las causas estructurales que facilitan los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia.
También demandan una respuesta multilateral en AL
Tanto la Plataforma Indígena Regional como el Fondo exponen que la pandemia ha exigido a todos los gobiernos de América Latina tomar medidas para evitar la expansión de esta nueva enfermedad, proteger a la población y reducir la probabilidad de un contagio masivo.
Sin embargo, las respuestas estatales son insuficientes, la capacidad económica, la visión, la capacidad de escuchar a los Pueblos Indígenas para ver qué se puede hacer en conjunto frente a la pandemia, tampoco se presentan de manera satisfactoria.
Ampliando el análisis y recogiendo las evidencias regionales, el segundo Informe llama la atención sobre la inexistencia de una respuesta regional o multilateral.
Dentro de sus conclusiones y recomendaciones menciona: “…la situación de respuesta regional es grave pues la región habla de multilateralismo pero no se pone en práctica, no hay coordinación entre países, entre zonas transfronterizas, ni capacidad de articularse como región”.
Así mismo, instan a la colectividad internacional a reconocer esta situación como una “emergencia”, lo que significa tener acciones concretas, tomando en cuenta que precisamente los organismos financieros internacionales han entrado a cooperar y a dialogar con los Estados.
Entre otras recomendacones, exhortan a realizar “un abordaje coordinado con los Pueblos Indígenas y en muchos casos entre más de un país, cuando el problema es transfronterizo”, para resolver problemas tales como: el desabastecimiento, la criminalización, el enfrentamiento con los poderes fácticos no estatales, el aislamiento que no es una solución para la mayor parte de las comunidades, además de las brechas que se están ampliando en términos de comunicación, acceso a energía eléctrica, a internet, entre otras poblemáticas que afectan particularmente a las comunidades de los Pueblos Indígenas.
Finalmente, señalan que en medio de estas dificultades existen experiencias positivas de estos mismos pueblos como la que se desarrolla la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que cuenta con un sistema de Monitoreo Territorial Geográfico que genera reportes de las propias autoridades indígenas, desde sus territorios y en acción coordinada con el Instituto Nacional de Salud de Colombia.
