El 31 de marzo vence el plazo para la declaración y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del periodo fiscal 2024, un tributo regulado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), organismo que trabajará con horario regular, en el marco de la medida de reducción de jornada laboral.
Raúl Gil, presidente de la Cámara de Comercios e Industrias de Caroní (Camcaroní) y contador público, explicó en el programa En Confluencia, de Radio Fe y Alegría Noticias, a quiénes le corresponde el pago de este impuesto.
“El ISLR en Venezuela grava a personas jurídicas, como empresas, emprendimientos y comerciantes constituidos en el registro mercantil, y personas naturales, como trabajadores de empresas básicas, organismos públicos, empresas privadas o libre ejercicio que perciben honorarios profesionales”, explicó.
Las personas jurídicas deben declarar el ISLR en un solo monto, a diferencia de las personas naturales que pueden realizar el pago en tres alícuotas con fecha de 31 de marzo, 21 de abril y 12 de mayo.
La ISLR establece que las personas asalariadas que hayan percibido un enriquecimiento neto superior a 1.000 UT, cuya unidad tributaria está fijada en 9 bolívares, implica 9.000 bolívares.
“Si usted lleva estos 9.000 bolívares a dólar, al dólar que estaba el 31 de diciembre, que estaba en 51,93 bolívares según el Banco Central de Venezuela, eso le da 173 dólares al año. Es decir, que todos tenemos la obligación de declarar como deber formal”, explicó Gil.
Para los trabajadores independientes, el profesional en tributos mencionó que de percibir ingresos brutos de 1.500 UT, están obligados a hacer la declaración de ISLR. “Llevados a bolívares son 13.500, llevados a dólares son 260 dólares en un año”.
Además, al momento de aperturar una cuenta corriente, en cualquier institución bancaria, es necesario tener la cédula, el RIF y la declaración del impuesto sobre la renta, aseguró el contador público.
De acuerdo con Gil, el pago de los tributos nacionales, regionales y municipales deben ser invertidos en la sociedad civil, especialmente en los servicios de agua, electricidad y seguridad social.
“Estos impuestos deberían ser retribuidos en los servicios públicos e invertidos en las comunidades, debería”, puntualizó.
Asimismo, habló de las multas sobre si una empresa no declara el ISLR, entre ellas, las 100 unidades tributarias por sanciones al incumplimiento de un deber formal.
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