La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a declarar en calidad de testigo al presidente Gustavo Petro en una trama de corrupción que involucra a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.
Los hechos de corrupción habrían sido detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Junto con el presidente de Colombia, también citaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia precisó que los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), son los que están vinculado al hecho ilegal.
“La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada”, señaló la Corte Suprema en un comunicado. Además, ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia, la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional.
De acuerdo la Corte Suprema de Justicia, la reforma al sistema de salud que estaba en curso en Colombia se perdió en una maraña de “trámite legislativo”, y la segunda sí fue procesada como es debido y se convirtió ley.
El ELN, el Ministerio de Salud y contratos en el juego de la corrupción
La citación al presidente Gustavo Petro ocurre tras las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, ante una corte. En sus declaraciones, aseguró que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dinero del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.
En una declaración que dio en junio de 2024, reveló: “es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte”.
El exfuncionario habría entregado a la Corte un documento donde muestra el nombre de un ciudadano del ELN que tiene una gran influencia en el departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.
En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la “entrega de contratos” para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos como adiciones presupuestales.
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