El esquema en Brasil habría comenzado en 2016, por lo que abarcaría los mandatos de los expresidentes Michel Temer (2016-2018), Jair Bolsonaro (2019-2022) y Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió en enero de 2023.
El Gobierno de Brasil expuso un caso grave de fraude a través de un esquema nacional a jubilados y pensionados desde el 2019 hasta el 2024. En este periodo, habrían sido desviados hasta 6.300 millones de reales, el equivalente a 1.100 millones de dólares.
“La investigación trata sobre un fraude a los jubilados, personas que (…) están naturalmente debilitadas y fueron víctimas fáciles de estos delincuentes”, dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una rueda de prensa.
La movilización ilegal de fondos de los pensionados y jubilados habrían sido ejecutada con el pleno conocimiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Pese a que no se han determinado responsabilidades, destituyeron al presidente del INSS, Alessandro Antonio Stefanutto, al igual que otros funcionarios.
Por su parte, la Contraloría General de Brasil confirmó que por esta caso suspendieron a un funcionario de la policía federal.
Corrupción activa y pasiva en Gobiernos de Brasil
La Policía ejecutó más de 200 allanamientos en varios estados y secuestró bienes por más de 1.000 millones de reales (unos 175 millones de dólares).
La Policía anunció además el arresto de tres sospechosos y la búsqueda de tres prófugos.
Las autoridades investigan delitos como corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos, organización criminal y lavado de capitales, entre otros.
¿Cómo operaban?
El presunto esquema se basaba en débitos de dinero no autorizados sobre jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y asociaciones. En teoría, los sindicatos y las asociaciones debían prestar servicios a jubilados como asistencia jurídica u obtención de descuentos en planes de salud.
A principios de 2024, los cobros que se investigan afectaban a 5,4 millones jubilados.
Casi la totalidad de jubilados consultados durante la auditoría dijeron no haber autorizado los descuentos. Incluso, las auditorías permitieron conocer que los funcionarios también falsificaron firmas.
Con información de AP.
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