La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó en la madrugada de este jueves 2 de julio, hora de Venezuela, un primer informe actualizado correspondiente a la situación de los derechos humanos en el país al cierre de 2019 y durante el primer semestre de 2020.
En primer lugar valora positivamente el incremento del acceso de su Oficina en Venezuela y de la cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019.
También, agradece al Gobierno la cooperación para que se realizaran visitas a los estados Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios en el territorio nacional.
Ve con buenos ojos el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.
Pero en el capítulo de los derechos económicos y sociales, la Alta Comisionada resalta que los venezolanos siguen padeciendo graves violaciones a estos derechos debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.
Agrega que la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19.
Sobre el entendimiento alcanzado entre gobierno y oposición para abordar la pandemia dice acogerlo con satisfacción, teniendo como intermediaria a la Organización Panamericana de la Salud.
En el renglón de otros derechos civiles y político reseña que su Equipo en Venezuela constata que continúan las restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos.
Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional, dice el informe.
Aunque reconoce la disminución en la tasa de homicidios en 2019, le siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión.
A pesar de que admite la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, dice preocuparle el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe.
En los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento para la población de privados de libertad.
Cierra este primer documento lamentando que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política.
Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos.
Estas (autoridades) nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición.
«Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos».
Bachellet informó que para el próximo 15 de julio presentará otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
