Venezuela sigue repuntando como uno de los países más críticos en cuanto a violencia contra la mujer en el continente: se estima que cada 33 horas se consuma una acción feminicida en el país, según organizaciones y observatorios.
Varias organizaciones han alertado al Estado venezolano sobre las consecuencias que esto acarrea, buscando crear acciones que coadyuven en mitigar los efectos negativos en la psiquis de la mujer y el seno familiar.
Organizaciones como Alaplaf y el Observatorio Digital de Femicidios (ODF) han reportado entre 2024-25 índices altos de maltrato hacia la mujer en intramuros familiares y delitos en la intimidad del hogar.
Para la abogada y especialista en ciencias penales, Yelena Martínez, las relaciones que ofrece la convivencia cotidiana, a veces, se tornan en eventos que en las leyes venezolanas constituyen hechos delictivos, “que antes se podían pensar que no”.
“Actualmente el abanico de delitos es muy grande, porque la acción depende del nivel de violencia: verbal, física o atentar contra la vida de la persona”, expresó la experta durante su participación en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
Martínez fue enfática en que hoy en día existen conductas penales para proteger a la mujer, especialmente ante agresiones en el ámbito institucional, obstétrico (que implica la salud ginecológica de ellas), patrimonial y psicológico.
Sin miedo
La experta en criminalística resaltó que ante estos escenarios, está protegida la familia y la mujer en especial, según las leyes venezolanas.
“La mujer que está sufriendo maltrato o peligro para su vida, lo primero que debe hacer es denunciar”, remarcó. “Contamos con la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes (Lopnna) y la Ley de Violencia de Género”.
Para tomar acciones legales en estos casos, es vital que la víctima acuda a cualquier centro de coordinación policial y fiscalía del ministerio, para exponer las circunstancias (modo, tiempo y lugar) sobre la acción de abuso.
Según Martínez la apertura de una investigación posterior “depende del hecho delictivo”, pero el Estado por obligatoriedad “blinda a la mujer ante una denuncia”.
“Se expiden a favor de ella unas medidas de seguridad y, cuando es violencia física o acoso, se trata de protección o alejamiento”, dijo.
A juicio de la abogado, faltan medidas gubernamentales y legales que disminuyan estas estadísticas. Por ello, recomendó “revisar las relaciones personales en casa, las explosiones de ira con la pareja, el lenguaje y revisar las banderas rojas, para que las mujeres eviten verse envueltas en estos casos”.
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