El Consejo de la Judicatura de Ecuador cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de no permitir sancionar a funcionarios acusados por dolo, negligencia o «acciones inexcusables».
La polémica decisión impide, precisamente, que el Consejo de la Judicatura pueda destituir fiscales o sancionar a funcionarios de las instituciones de justicia acusados de incumplir sus funciones o cometer actos de corrupción, acción que le correspondería sólo a los tribunales.
María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, explicó su interpretación de la sentencia e informó que acatarán el fallo, pero apelarán la decisión:
«Ya ustedes no podrán acudir al Consejo de la Judicatura para denunciar una presunta manifiesta negligencia, porque requerirán que primero acudan ante el juez, el juez declare esa manifiesta negligencia y luego, pues, nosotros poder aplicar la sanción correspondiente», dijo.
Maldonado explicó que en la sentencia existen conceptos ambiguos y contradictorios que, de no ser subsanados, «atentarían gravemente contra la seguridad jurídica del Estado».
Por su parte, Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, aseguró que en todos los casos en los que han destituido a un servidor judicial, la institución se ha sujeto al marco legal vigente, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Hasta la fecha, el Consejo ha destituido a 57 funcionarios judiciales por supuesta negligencia, sin la intervención de un juez. Si se reafirma la sentencia, dichos funcionarios deberán ser restituidos en sus cargos si cuentan con una acción de protección legal.
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Con información de Rolando Goyes, Corape, para Aler Contacto Sur.
