El Congreso de Perú aprobó una ley que permite sancionar a las organizaciones no gubernamentales que desarrollan sus actividades en territorio peruano.
El objeto de la nueva ley es sancionar de manera directa a aquellas organizaciones de derechos humanos que reciben algún tipo de financiamiento internacional.
La abogada Vanessa Cueto, vicepresidenta de Derechos, Ambiente y Recursos (DAR), ya se manifestó contraria a esta nueva ley. Ella se encarga de defender a damnificados por derrames de petróleo cometidos por la estatal Petroperú y otras empresas privadas.
“No es una ley sólo contra las ONG, sino contra ciudadanos que no cuentan con recursos para su legítima defensa y que muchas veces fueron apoyados por la cooperación internacional”, aseguró Cueto.
“Sería una ley inconstitucional en caso de promulgarse”
Según la abogada Vanessa Cueto, los ciudadanos peruanos que son acusados por el sistema de justicia del Estado, acuden a la las ONG debido a que no pueden costear los honorarios profesionales de los juristas privados.
La mayoría de las personas que acuden a los servicios de las ONG son personas defensores de derechos humanos que el gobierno cataloga como “terroristas y delincuentes”.
De acuerdo con Cueto, el nuevo instrumento legal criminaliza la defensa legal en contra el Estado peruano en tribunales nacionales e internacionales.
“En casos como los derrames, hay acciones contra el Gobierno por incumplimientos en la remediación de la contaminación. Asimismo, vulneraría la posibilidad de que apoyemos técnicamente en casos frente a la CIDH y la Corte IDH. Sería una ley inconstitucional en caso de promulgarse”, agrega.
La ley aprobada por el Congreso de Perú sostiene que toda actividad que comprende a las ONG se autorice por medio de la la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que controla el Gobierno.
Con información de Telesur.
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