La esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, declarará en el Tribunal de Instrucción número 41 de Madrid el próximo 5 de julio.
El juez Juan Carlos Peinado decidió imputar a la primer dama apenas 50 días después de incoar las primeras diligencias a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que asegura que Gómez cometió delitos de corrupción.
Los partidos de derecha y ultraderecha VOX y el partido Regeneración Política de España se sumaron a la acusación en los tribunales.
¿De qué delitos se acusa a Begoña Gómez?
Tráfico de influencias y corrupción privada. Estos son los dos delitos que el juez de Madrid decidió investigar tras apreciar indicios en la denuncia que presentó Manos Limpias.
Tras un mes y medio de pesquisas, incluyendo la elaboración de un informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional y la recopilación de contratos, el juez considera que ha llegado el momento de llamar a declarar a Gómez para que ofrezca su versión.
El tráfico de influencias es un delito que aparece en cuatro artículos del Código Penal español, del 428 al 431. La conducta de Begoña Gómez podría encuadrarse, según Peinado, en el artículo 429, que castiga al “particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.
El delito de corrupción privada, por otro lado, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal. Entre otros, el delito castiga a quien «prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales».
¿Qué hechos se investigan?
La investigación gira por el momento en torno a dos cuestiones separadas. Por un lado, la relación de Begoña Gómez con Globalia, la empresa propietaria de Air Europa, en plena pandemia, cuando el Gobierno rescató a la aerolínea con 475 millones de euros.
En segundo lugar, la relación de Gómez con el empresario Carlos Barrabés quien presentó cartas de recomendación de la esposa de Sánchez en un concurso público de Red.es y resultó adjudicatario de tres contratos por un total de 10.607.203,33 euros.
La investigación más extensa viene recogida en el informe de 114 páginas que el juez encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento relaciona a Globalia con Begoña Gómez a través de Wakalua, una mercantil dependiente del holding que en enero de 2020 firmó un acuerdo con IE África Center.
Detalles de la investigación preliminar
El pacto, impulsado “para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico”, preveía el desembolso de 40.000 euros al año por parte de Wakalua, pero la pandemia impidió su desarrollo.
La empresa solo pagó 1.726 euros para costear los billetes de avión de los ponentes de un evento celebrado en Londres. Aún así, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, coincidió con Gómez en dos eventos en enero de 2020. Analizados estos hechos, la Guardia Civil concluye en su informe que no existe constancia “de que pudieran estar vinculados” al rescate de Air Europa por parte del Gobierno.
Sobre Carlos Barrabés, la Guardia Civil constata que el empresario figuraba en el claustro de expertos de uno de los masters de Begoña Gómez en la Complutense. Además, “colaboró en la divulgación y promoción del máster” dedicado a la Transformación Social Competitiva.
Dada esta relación laboral, Gómez se prestó a firmar dos cartas de recomendación para la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Innova Next SLU -empresa de Barrabés- con The Valley Digital Bussines School.
Estas dos cartas de recomendación formaron parte de la candidatura de la UTE a dos contratos de Red.es que, junto a un tercero, superaban los 10 millones de euros.
Con información de 20minutos
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