Este jueves 9 de mayo, se cumplieron tres meses desde que el Gobierno detuvo a la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Durante este período, San Miguel ha permanecido en prisión sin garantías al debido proceso según denunciaron organizaciones no gubernamentales de defensa de Derechos Humanos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), junto con el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se han unido para denunciar la situación de San Miguel. A través de la red social X, estas organizaciones expresaron su preocupación por la falta de acceso de la activista a un abogado de confianza y al expediente que podría demostrar su inocencia.
De acuerdo con las declaraciones de estas ONG, el Estado venezolano ha negado a San Miguel sus derechos fundamentales al no permitirle asignar un abogado de su elección y al restringir su acceso al expediente judicial.
Motivo de la detención
El 9 de febrero de 2024, funcionarios del Estado detuvieron a San Miguel en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. La activista se disponía a viajar en compañía de su hija.
Según el Ministerio Público (MP), a San Miguel la acusan de estar involucrada en una conspiración que incluiría un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, alegó que San Miguel habría proporcionado información sobre sistemas de defensa militar a representantes diplomáticos de la Unión Europea y otros países.
El caso de Rocío San Miguel ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional porque su detención se considera “arbitraria” y una política de represión. Desde el primer momento de la detención, han exigido el respeto a sus derechos fundamentales y un proceso judicial justo y transparente.
Con información de El Nacional.
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