El decreto se aprobó en el año 2012 con el objetivo de frenar los índices de violencia originados por los conflictos entre los campesinos y terratenientes. También se pretendía contrarrestar los homicidios cometidos por el narcotráfico en la región.
La fecha exacta fue el 1 de agosto de ese año, cuando el Congreso Nacional, bajo el decreto 117-0212, reformó el artículo 37 de la Ley de Porte de Armas de Fuego, prohibiendo armas en lugares públicos y transportes en el Departamento de Colón.
La modificación permitió solo a los miembros de las fuerzas de seguridad poseer las armas de fuego, además de las empresas mercantiles que contraten servicios de seguridad.
Ganaderos quieren que deroguen el decreto
Once años después, el sector ganadero y comercial exige al gobierno la derogación de dicho decreto que los mantendría en “indefensión”, de acuerdo con Delmo Rivera, exalcalde de Zonaguera y parte de Asociación de Ganaderos y Agricultores del margen izquierdo de Colón.
“Nosotros hemos sido penalizados con ese decreto que está vigente desde el año 2012, y nos mantienen en indefensión”, dijo Rivera.
De acuerdo con el dirigente, “la inseguridad campea con libertad” y los productores y campesinos no pueden hacer nada para defenderse.
Campesinos contra las exigencias de derogación
Por su parte, los campesinos se niegan a que el Estado derogue este decreto porque consideran que hay poderosos grupos irregulares armados al servicio de los ganaderos.
Argumentan que derogar el decreto sería legalizar la tenencia de armas por parte de los grupos criminales, lo que traería consigo más violencia.
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